El panorama creciente en los últimos años regresa a las ciudades como actores importantes, reconociendo su expansión, e importancia  como espacios culturalmente ricos y diversos. Esta tendencia pretende un esfuerzo de articulación en los procesos y desafíos dentro del espacio de la ciudad.

De tal esfuerzo surge La Carta de Mundial por el Derecho a La Ciudad (2004), en esta destaca la importancia de garantizar las necesidades y derechos de manera equitativa dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.

Particularmente, pretende elevar la calidad de vida a escala de la ciudad, priorizando a grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres, especialmente jefas de familia, niños y niñas. Siendo uno de los elementos fundamentales el derecho a la seguridad pública y convivencia pacífica, solidaria y multicultural. En este sentido, es importante señalar que históricamente, las mujeres han sido relegadas a los espacios privados-domésticos, quedando plasmadas la desigualdad y división en la convivencia diaria, desplazándolas a no ser valoradas como agentes de cambio en el desarrollo de las ciudades.

Por lo tanto, es importante implementar políticas públicas que eliminen los obstáculos en la vida política, social, civil, cultural y económica de las mujeres. Velar por medidas de seguridad que integren la perspectiva de género, e implementar mecanismos formales que les permitan integrarse a la participación pública en sus comunidades. En la Ciudad de México, el programa encargado de cumplir estas metas es CDMX, Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas; sus ejes cubren los temas sobre movilidad, participación, seguridad y una vida libre de violencia.

Sin embargo, aunque representa un gran avance que se implementen medidas que en conjunto busquen garantizar el derecho a la ciudad para las mujeres que habitan la CDMX, desde su implementación en 2015, los resultados han sido pocos, y el esfuerzo institucional parece no ser suficiente.

Según la encuesta de percepción de seguridad de ONU Mujeres (2018), en el uso de transporte público el 54.4% reportó sentirse insegura, mientras el 69.1% dijo sentirse insegura en los espacios públicos. Además, el 79.2% declaró no saber donde denunciar, a pesar de que una de las tareas del programa Ciudad segura para mujeres y niñas, es fortalecer los mecanismos de auxilio a usuarias del transporte y espacios públicos.

Lo anterior señala que los esfuerzos para reducir la violencia hacia las mujeres en espacios públicos no son suficientes, y se dificulta transformar los espacios públicos en espacios seguros para todas; por eso, es importante exigir a las autoridades que los mecanismos y tareas específicas de los programas se lleven a cabo de manera transversal, para generar resultados integrales en el desarrollo de la vida de las habitantes de la ciudad.

Será imposible que el derecho a la ciudad para las mujeres sea garantizado, mientras no cambie su situación en los espacios públicos, transformar las ciudades significa también reconfigurar los espacios y la convivencia pública para no violentar a nadie, y permitir que las mujeres transiten libremente de manera segura.

El derecho a una vida libre de violencia es fundamental para disfrutar el derecho a la ciudad, vivir y percibir los espacios públicos como propios. Para adecuar los espacios públicos es necesario dirigirnos a integrar a las mujeres de manera respetuosa en todos los espacios de la ciudad.

Escrito pot Melany Vidaurri